Hoy en día, el sida exige soluciones multidisciplinarias
a cargo del equipo de salud. Considerado como
un problema de salud pública por cuanto incide en la calidad de vida de
cualquier conglomerado a nivel mundial,
se describe en este artículo el marco legal, los principios bioéticos y los aspectos medico/psicológicos,
tomados como criterios para analizar
las posibles implicaciones que inciden en la vulneración de sus derechos
humanos y ciudadanos, así como la percepción de calidad de vida en de estos
pacientes.
Una atención integral
conlleva una dimensión física que incluye garantizar la disponibilidad a pruebas de seguimientos inmunológico y
virológico para el seguimiento de la infección y evitar posibles consecuencias para el organismo como la resistencia viral y vulnerabilidad a enfermedades oportunistas.
Y una dimensión psicológica donde el énfasis está en reducir el impacto
emocional y las alteraciones
psicológicas debido al diagnóstico, que podría ocasionar consecuencias
como ansiedad, depresión, stress, y cambios en los patrones de hábitos de sueño,
nutrición y sexualidad.
A nivel mundial 36,7 millones de personas en todo el
mundo vivían con el VIH final de2015 (1). En Venezuela, según el Informe mundial ONUSIDA(2) para 2015 existían unas 110.000 personas diagnosticadas con VIH que corresponde a una estimación inferior de
99.000 y una estimación superior de 120.000 infectadas con este virus, con una
prevalencia del 5% en adultos de entre 15 y 49 años.
Se ha caracterizado a la población infectada con VIH como
vulnerable debido a sus características específicas, emocionales y sociales. En esta región de Latinoamérica, la epidemia está concentrada en áreas urbanas
y ciudades más pobladas, y entre los grupos vulnerables considerados como
prioritarios en políticas públicas encontramos a los usuarios de drogas,
trabajadores(as) sexuales, comunidad de la diversidad sexual, embarazadas,
indígenas, personas con discapacidad, privados de libertad y personas en
situación de calle entre otros. Los
grupos considerados de mayor riesgo son los hombres que tienen sexo con otros
hombres y trabajadoras sexuales (3, 4).
Por
todo lo antes mencionado anteriormente en opinión de los especialistas y
representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), en relación a lo
concerniente a la distribución y operatividad del sistema de salud, este puede influir en la calidad de vida de
la población atendida, si no se toman de manera global todos las variables
macro sociales involucradas. En estudios recientes los
especialistas y organizaciones como ONUSIDA y OMS reconocen las repercusiones que tienen para la
sobrevida en estos pacientes, aspectos
como la disponibilidad de tratamiento
especifico, seguimiento médico regular, exámenes de monitoreo del virus,
medicamentos antirretrovirales y enfermedades oportunistas, la no
discriminación en los servicios de salud por razones de género y orientación
sexual, así como atención psicológica y
apoyo familiar (5, 6).
En términos
generales el estudio analizó las
implicaciones bioéticas para una atención integral que incluye
diagnóstico, medicamentos, cuidados de salud y apoyo a las personas con VIH en
una diversidad de áreas, desde una perspectiva de derechos humanos
Marco legal y Bioético
Las políticas públicas que se ejecutan
en el país con respecto a la epidemia del VIH/Sida, tienen un fundamento
primario en los Artículos 83, 84 y 85 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela(7), donde se establecen los lineamientos
básicos. Luego a nivel operativo las condiciones legales para la administración del examen del despistaje
del VIH, y otros aspectos epidemiológicos estaban contemplados en la Resolución ministerial 439(8), del año 1994, esta que
fue derogada por una nueva ley que recogió todo lo concerniente al área del
VIH/sida y otros lineamientos antes no legislados.
Esta nueva norma vigente
denominada Ley para la promoción y protección del Derecho a la Igualdad de las
personas que viven con VIH/SIDA y su familiares(9) aprobada
el 30 de diciembre de 2014 por el
Estado venezolano incluye aspectos
significativos antes no normados como la igualdad para el acceso a la salud,
los seguros, ingreso a centros de salud públicos y privados; inamovilidad
laboral, y protección para personas discapacitadas y privados de libertad.
En relación a la
evolución de la distribución gratuita de
antirretrovirales en Venezuela, se
inició en 1982 con los primeros casos,
luego en 1977 se instauraron las combinaciones de triterapias de
tratamientos de alta efectividad combinadas conocidas como TARGA. En 1999, se
logró el acceso universal de tratamiento para VIH, mediante un amparo
constitucional para todas las personas incluyendo a los residentes extranjeros.
En otras palabras el Estado quedó obligado a suministrar medicamentos para
tratar el VIH/sida y las infecciones oportunistas, realización de pruebas
de laboratorio y atención integral
necesarias bajo prescripción médica(10,11,12)
.
En materia de análisis
bioético, para el estudio se seleccionaron como pilares los cuatro principios básicos
como son no maleficencia (primariamente no dañar física o psíquicamente, evitar
el dolor físico y psíquico), justicia (dar a cada uno lo suyo, a lo que tiene
derecho), autonomía (el respeto por las decisiones libres, voluntarias e
informadas al paciente) y beneficencia, referido a atender la calidad de vida
del paciente (13).
En este sentido la escasez de
recursos sanitarios y las necesidades
de las personas que viven con VIH, han generado
numerosos cuestionamientos desde el punto de vista de la justicia distributiva, derecho a la salud y
calidad de vida. En particular los
episodios de desabastecimientos definidos como la falta de uno o varios de los
antirretrovirales que ocasiona la interrupción forzada del tratamiento en al
menos en un paciente VIH, según las normas técnicas nacionales e
internacionales (14,15,16).
Finalmente este estudio estuvo focalizado en el
análisis de la disponibilidad de
medicamentos antirretrovirales (ARV) y sus implicaciones bioéticas en la
calidad de vida de la población
específica, en el estimado que sus sus
hallazgos podrían beneficiar de manera específica a los centros de salud con
atención a personas que viven con VIH o sida, en términos de la atención
integral esperada, mediante una evaluación con un equipo
multidisciplinario sensibilizado que
gestione la falta de medicamentos y
mejore la calidad de servicio a sus
usuarios sin discriminación de sexo, género, edad, credo y orientación sexual.