La infección por VIH es una condición de salud compleja, de proceso multifactorial que puede ser entendida mejor dentro de un modelo bio psico social. Las personas que viven con VIH deben afrontar con un grupo de elementos estresores de orden fisiológico, socioculturales, económicos y psicológicos que en conjunto constituyen una amenaza potencial a la salud física y psíquica.

Los informes de redes sociales nacionales y organismos internacionales demuestran que Venezuela incumplió con la disponibilidad de antirretrovirales en el periodo estudiado entre 2011 y 2015.

Específicamente, podemos mencionar el informe de la Organización Panamericana de la Salud en Julio del 2012, Venezuela ocupó el primer lugar con 16 episodios de desabastecimiento de antirretrovirales; adicionalmente de 36 países de Latinoamérica, entre 2010 y 2011 se reportaron 37 episodios de carestía ^(23,24,25).

Los resultados demuestran asociaciones entre los recursos psicológicos y sociales que utilizaron los usuarios de la Ong Amigos de la vida para afrontar el tema de los episodios de desabastecimientos de medicamentos antirretrovirales en el periodo 2011 y 2015. Los recursos más efectivos, fueron el empoderamiento de los usuarios a través de sesiones de grupo, las protestas ante las autoridades sanitarias y el apoyo con pronunciamientos públicos reseñados en medios de comunicación masiva y con menos frecuencia las acciones individuales por el alto costo de consecuencias laborales o sociales.

En cuanto a las implicaciones bioéticas, lo normativo constituido por todo lo referente a la normativa jurídica venezolana vigente en materia de salud, derechos humanos y VIH/sida, así como las directrices en las políticas públicas emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Salud y las agencias de cooperación internacional, describe un país que en términos generales cuenta con un marco legal favorable a los derechos humanos y se ha comprometido en el ámbito internacional a respetarlos y garantizarlos.

No obstante aunque existe la normativa, esta incumple el principio de justicia distributiva, donde se espera que se garantice el derecho a la salud, atendiendo a más personas con medicamentos de buena calidad a un menor costo y dispensados por un personal calificado, mediante la aplicación de directrices de políticas sanitarias a nivel nacional ^(13,26).

Lo operativo en el estudio, incluyó la evaluación costo/beneficio social y las acciones de los usuarios ante los episodios de desabastecimientos de antirretrovirales, el conocimiento de la normativa jurídica por parte de los mismos, reacciones físicas y emocionales, así como la calidad de servicio en las farmacias del sector público que dispensan antirretrovirales en la Gran Caracas y las violaciones a los derechos humanos por parte del personal de salud tanto en instituciones públicas como privadas.

El incumplimiento en la distribución de los antirretrovirales, se evidenció con mayor énfasis en el último trimestre del 2013 y primero del 2014. Entre las causas de desabasteci­miento informadas con mayor frecuencia son el retraso en el proceso de compra, de licitación y falta de entrega por parte del fabricante o agente de compras, adicionalmente a otras de logísticas, burocráticas, presupuestales, políticas, o errores humanos.

Sin embargo es necesario acotar que en Venezuela hay acceso a medicamentos antirretrovirales, desde la declaración de acceso universal a través de un amparo constitucional desde 1999 ⁽²⁷⁾, pero en contraste hay muchas fallas en la disponibilidad debido a la irregularidad evidenciada en el proceso de compra, almacenaje y distribución regular de los medicamentos a todos los centros de distribución gratuita en el territorio nacional desde el año 2011.

Dos aspectos que se repiten en el tiempo de manera reiterada es la no disponibilidad de todos los medicamentos antirretrovirales y reactivos para exámenes del monitoreo del VIH (recuento Linfocitario y carga viral) a nivel nacional. Estos dos aspectos pudieran afectar la calidad de vida y vulnerar a los derechos humanos de las personas seropositivas, y han sido reseñado de manera amplia desde el 2007, por diferentes medios de información ⁽¹⁶⁾; y se agudizaron en los años 2013 y 2014^(23,24,25).

En resumen el Estado incumplió con su obligación de garantizar el almacenaje, distribución y expendio de los medicamentos apropiados que garantizara su calidad. Y toda esta situación ha puesto en peligro a una gran cantidad de personas que merecen tener las condiciones de vida y preservar su dignidad. Todo ello vulnera los principios de Justicia, beneficencia y no maleficencia, al no proveer de los recursos materiales para mantener la calidad de las personas que viven con VIH o sida.

Se recomienda continuar con la política de acceso universal al tratamiento ARV y a las pruebas de monitoreo clínico para toda la población sin distingo de edad, género, raza u orientación sexual. En materia de adquisición de ARVs debe ser reforzadas las estrategias para reducir los precios de compra, así como hacer revisiones y adecuaciones a las guías clínicas con base a criterios de costos/efectividad.

Finalmente se sugiere evaluar el modelo de prestación de servicios a través de farmacias públicas de ARVs en centros de salud, a fin de promover una atención integral con servicios amigables para todos los usuarios, libre de estigma, prejuicios o discriminación.