Acceso Abierto ¿Quién debe pagar por el libre acceso a la información?

El movimiento llamado de "Acceso Abierto"� comenzó oficialmente con la Iniciativa de Budapest, en diciembre de 2001, fue convocada una conferencia por la Free Online Scholarship, ahora conocida como la Open Society Institute, una fundación filantrópica creada por George Soros, la cual aprobó la declaración de Budapest sobre Acceso Abierto o de Libre Acceso. Vale la pena transcribir el comienzo de la declaración "Una vieja tradición y una nueva tecnologí­a convergen para hacer posible un bien público sin precedente. La vieja tradición es el deseo de los cientí­ficos y académicos por publicar los frutos de su investigación en revistas académicas sin tener que pagar por ello, tan solo por el gusto de indagar y por el conocimiento. La nueva tecnologí­a es Internet. El bien público que hacen posible es la distribución electrónica en la red de redes de literatura periódica revisada por pares completamente gratuita y sin restricciones de acceso por todos los cientí­ficos, académicos, maestros, estudiantes y otras mentes curiosas. Retirar las barreras de acceso a esta literatura acelerará la investigación, enriquecerá la educación, compartirá el aprendizaje de los ricos con los pobres y el de los pobres con el de los ricos, hará esta literatura tan útil como sea posible y sentará los cimientos para unir a la humanidad en una conversación intelectual común y búsqueda del conocimiento."�⁽¹⁾ Como puede verse claramente la declaración contempla un aspecto frecuentemente ignorado, y es el derecho de los investigadores a publicar los frutos de su trabajo, previamente revisado por pares, sin tener que pagar por ello. Los adherentes al Acceso Abierto han venido utilizando esquemas de financiamiento que pudieran resumirse en dos tipos básicos: Financiamiento institucional por parte de los patrocinantes de las revistas, como es generalmente el caso de las universidades, o en el caso de los grandes portales, por los cargos a los propios autores, quienes deben pagar para poder publicar sus trabajos en ellos o alternativamente sus instituciones deben hacerlo. Es fácil ver que este esquema puede ser generador de inequidades en el acceso, donde quienes sean mejor financiados estarán en mejores condiciones de ser vistos, lo cual contradice el espí­ritu de la Iniciativa de Budapest. La actividad editorial tiene un costo que debe ser asumido por alguien, no pensamos que este costo debe recaer sobre los autores, especialmente en nuestros paí­ses, donde los financiamientos a la investigación son más bien precarios. Si pensamos que la ciencia es parte de la cultura, que un paí­s debe velar por su legado cultural y que prácticamente la totalidad de las investigaciones son financiadas con dineros públicos, es lógico pensar que el estado debe ser el encargado de garantizar tanto el derecho de acceso, el cual es un aspecto particular del derecho de acceso a la información en general, consagrado este como derecho constitucional, así­ como el derecho de los autores a ser publicados sin cargo en las publicaciones que les parezcan las más adecuadas. Lo anterior implica la necesidad de una verdadera polí­tica de financiamiento de las revistas en escala nacional por parte del estado, y no una polí­tica de "desnutrición sostenida"�, donde las revistas no mueren pero tampoco florecen. La presencia creciente de internet y de mejores comunicaciones, lo cual ha abaratado los costos editoriales, hacen factible que podamos alcanzar los buenos deseos plasmados en la Iniciativa de Budapest. Esperemos que así­ sea y trabajemos por ello.

1-http://www.opensocietyfoundations.org/openaccess/translations/spanish-translation Revisado diciembre 2012