A raíz de lo estipulado en el Art. 12, se ha generado la polémica que supone que el Estado pasaría a ser propietario de los órganos del occiso.

"Actualmente las personas pueden inscribirse como donantes voluntarios, pero muchos no lo hacen por desconocimiento o por apatía. A través de la Ley, quien no esté de acuerdo con donar sus órganos y tejidos, se verá movido a manifestarlo explícitamente. No obstante, se consultará a la familia del fallecido y si ésta dice que no, entonces se respetará su decisión y no se extraerán los órganos y tejidos. Lo estipulado en el Artículo 12 no significa en modo alguno que el Estado se apropie de los órganos de las personas fallecidas, sino que facilita los mecanismos para su procura en beneficio de las cientos de personas que esperan por un órgano o tejido para trasplante", expresó Carmen Luisa Milanés, Coordinadora Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos del MSDS.

"Es muy importante hacer hincapié en que si bien el consentimiento presunto supone que todos los individuos son donantes hasta que manifiesten lo contrario, la extracción de órganos no se realizará si los familiares están en desacuerdo, pues ello provocaría el rechazo de la población. La nueva Ley defiende el derecho del individuo a decidir si no desea ser donante, de manera tal que nadie pueda tomar esa decisión por él, al mismo tiempo que defiende el derecho de los enfermos a tener una mejor calidad de vida", enfatizó Pedro Rivas, Presidente de la ONTV.

Para Rivas, el beneficio del consentimiento presunto pudiese traducirse en un aumento aproximado de un 40% de donantes cadavéricos.

"Me cuesta creer que colegas médicos estén en contra de un consentimiento presunto. Cuando uno se forma como médico, lo está haciendo para ayudar a los demás, para mejorar la calidad de vida y para salvar vidas. Es absurdo que algunos colegas piensen que pudiese haber una 'trata de órganos' cuando ellos están completamente informados del trabajo que realiza la ONTV y el SPOT, el cual está regido y supervisado por el MSDS. Creo que se está politizando un problema social. Estamos hablando de algo que debe estar más allá de lo político, más allá del egoísmo personal" opina la Dra. Cubillán.

"No entiendo como una persona ligada a la salud y con conocimiento científico, pueda pensar que este artículo pueda poner en peligro al ciudadano común; que con esta ley el Estado se vaya a apoderar de los órganos. Nuevamente estamos frente a leyendas urbanas muy alejadas de lo que se encuentra en consideración dentro del proyecto de Ley de Salud. No sé si estas opiniones responden a tintes políticos o a desinformación sobre el tema, lo que sí sé es que esas opiniones a los únicos que afectan son a los pacientes que siguen esperando por un órgano" concluye Martínez.