La infección por VIH es una condición de salud compleja, de
proceso multifactorial que puede ser entendida mejor dentro de un modelo bio
psico social. Las personas que viven con VIH deben afrontar con un grupo de
elementos estresores de orden fisiológico, socioculturales, económicos y
psicológicos que en conjunto constituyen una amenaza potencial a la salud
física y psíquica.
Los informes de redes
sociales nacionales y organismos internacionales demuestran que Venezuela
incumplió con la disponibilidad de antirretrovirales en el periodo estudiado
entre 2011 y 2015.
Específicamente, podemos
mencionar el informe de la Organización
Panamericana de la Salud en Julio
del 2012, Venezuela ocupó el primer lugar con 16
episodios de desabastecimiento de antirretrovirales; adicionalmente de 36 países de Latinoamérica, entre 2010 y 2011 se reportaron 37 episodios
de carestía (23,24,25).
Los resultados
demuestran asociaciones entre los recursos psicológicos y sociales que
utilizaron los usuarios de la Ong Amigos de la vida para afrontar el tema de
los episodios de desabastecimientos de medicamentos antirretrovirales en el
periodo 2011 y 2015. Los recursos más efectivos, fueron el empoderamiento de los usuarios a través de sesiones de
grupo, las protestas ante las autoridades sanitarias y el apoyo con
pronunciamientos públicos reseñados en medios de comunicación masiva y con
menos frecuencia las acciones individuales por el alto costo de consecuencias
laborales o sociales.
En cuanto a las
implicaciones bioéticas, lo normativo constituido por todo lo referente a la
normativa jurídica venezolana vigente en materia de salud, derechos humanos y
VIH/sida, así como las directrices en
las políticas públicas emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Salud
y las agencias de cooperación internacional,
describe un país que en términos generales cuenta con un marco legal favorable a los
derechos humanos y se ha comprometido en el ámbito internacional a respetarlos
y garantizarlos.
No obstante aunque
existe la normativa, esta incumple el
principio de justicia distributiva, donde se espera que se garantice el derecho
a la salud, atendiendo a más personas con medicamentos de buena calidad a un menor costo y dispensados por un
personal calificado, mediante la aplicación de directrices de políticas
sanitarias a nivel nacional (13,26).
Lo operativo en el
estudio, incluyó la evaluación costo/beneficio social y las acciones de los
usuarios ante los episodios de desabastecimientos de antirretrovirales, el
conocimiento de la normativa jurídica por parte de los mismos, reacciones
físicas y emocionales, así como la calidad de servicio en las farmacias del
sector público que dispensan antirretrovirales en la Gran Caracas y las
violaciones a los derechos humanos por parte del personal de salud tanto en
instituciones públicas como privadas.
El incumplimiento en la
distribución de los antirretrovirales,
se evidenció con mayor énfasis en el último trimestre del 2013 y primero
del 2014. Entre las causas de
desabastecimiento informadas con mayor frecuencia son el retraso en el
proceso de compra, de licitación y falta de entrega por parte del fabricante o
agente de compras, adicionalmente a otras de
logísticas, burocráticas, presupuestales, políticas, o errores humanos.
Sin embargo es necesario
acotar que en Venezuela hay acceso a
medicamentos antirretrovirales, desde la declaración de acceso universal a
través de un amparo constitucional desde 1999 (27), pero en contraste hay muchas fallas en la disponibilidad debido
a la irregularidad evidenciada en el
proceso de compra, almacenaje y distribución regular de los medicamentos a
todos los centros de distribución gratuita en el territorio nacional desde el
año 2011.
Dos aspectos que se repiten en el
tiempo de manera reiterada es la no disponibilidad de todos los medicamentos
antirretrovirales y reactivos para exámenes del monitoreo del VIH (recuento
Linfocitario y carga viral) a nivel nacional. Estos dos aspectos
pudieran afectar la calidad de vida y vulnerar a los derechos humanos
de las personas seropositivas, y han
sido reseñado de manera amplia desde
el 2007, por diferentes medios de
información (16); y se
agudizaron en los años 2013 y 2014(23,24,25).
En resumen el Estado
incumplió con su obligación de garantizar el almacenaje, distribución y
expendio de los medicamentos apropiados que garantizara su calidad. Y toda esta
situación ha puesto en peligro a una gran cantidad de personas que merecen
tener las condiciones de vida y preservar su dignidad. Todo ello vulnera los principios de Justicia,
beneficencia y no maleficencia,
al no proveer de los recursos materiales
para mantener la calidad de las personas que viven con VIH o sida.
Se recomienda continuar con la política de acceso universal
al tratamiento ARV y a las pruebas de monitoreo clínico para toda la población sin
distingo de edad, género, raza u orientación sexual. En materia de adquisición
de ARVs debe ser reforzadas las
estrategias para reducir los precios de compra, así como hacer revisiones y
adecuaciones a las guías clínicas con base a criterios de costos/efectividad.
Finalmente se sugiere
evaluar el modelo de prestación de servicios a través de farmacias públicas de
ARVs en centros de salud, a fin de promover una atención integral con servicios
amigables para todos los usuarios, libre de estigma, prejuicios o
discriminación.