Lamentablemente en la actualidad, debido a los efectos devastadores de la crisis que arropa al país, el número de matemáticos de notables credenciales académicas y científicas ha sufrido una merma muy importante; de ello no escapa el conjunto de aquellos que hemos llamado dinamicistas. Esta mengua atenta contra el sostenimiento de programas nacionales destinados a la formación de científicos para el país y desdibuja posibles y valiosas aristas mediante las cuales se pueden establecer conexiones simbióticas entre la matemática y otras parcelas de la ciencia; de hecho varios de los programas de postgrado en matemática están técnica paralizados; los seminarios en sistemas dinámicos que otrora vieron su consolidación han cesado con la excepción de uno muy modesto que aún se realiza semanalmente en Barquisimeto; eventos como la Escuela Venezolana de Matemáticas y las Jornadas Venezolanas de Matemáticas, tras más de treinta años de realización periódica anual se vieron interrumpidos desde 2019, felizmente en noviembre de 2022 se lograron reactivar las Jornadas de Matemáticas, evento que contó con el esfuerzo conjunto de la Asociación Matemática Venezolana y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UC. Igualmente es inocultable el menoscabo que se ha producido en casi cualquier actividad científica en el país. Con este lastimoso saldo, distintas tareas deben ser emprendidas para dar solución a lo que debe ser considerado como un problema de estado: resarcir los daños que han afectado seriamente la casi totalidad de las competencias científicas en Venezuela, ello demandará décadas y requerirá del esfuerzo y aporte mancomunado de diversos entes nacionales públicos y privados. Para esto es necesario tener como punto de partida el entendimiento y cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 110: “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del paı́s, ası́ como para la seguridad y soberanı́a nacional. El Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnologı́a de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantı́a.”