Se debe estructurar el Programa Nacional de SIDA, dependiente del Ministerio de Salud y con una colaboración intersectorial, que incluya a los Ministerios de Educación, Comunicaciones y Hacienda, al Instituto del Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la industria privada y las Sociedades Científicas, lideradas por la Asociación Colombiana de Infectología.

Este Programa debe incluir

1. Actualización de la información epidemiológica, garantizando el registro de nuevos pacientes, a través de un formulario y una base de datos únicos de
   fácil acceso.
   
2. Implementación del Plan Nacional de Educación Sexual.
   
3. Desarrollo de la Ley Nacional de SIDA.
   
4. Promover en conjunto, con las Facultades de Ciencias de la Salud y la Asociación Colombiana de Infectología, programas de capacitación para
   profesionales de la salud que estén trabajando con pacientes infectados por VIH.
   
5. Normatizar, a través de una guía técnica, el funcionamiento de los programas de atención integral a pacientes infectados.
   
6. Propender por la inclusión de todos los exámenes necesarios para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad.
7. Favorecer la disponibilidad de medicamentos, procurando incluir todos aquellos disponibles y necesarios, para el manejo de la enfermedad y los
   nuevos a través de un Comité que incluya profesionales tratando pacientes infectados.
   

Con el fin de que este programa pueda ser ejecutado se propone el desarrollo e implementación de los siguientes puntos

1. Organizar un formulario único de registro de la infección por VIH que incluya los aspectos fundamentales de orden demográfico y epidemiológico, que permitan
   conocer el estado de la epidemia e influir en su progresión.
   
2. Incrementar la atención por niveles de complejidad, que debe ser manejado de acuerdo a la severidad de su condición teniendo en cuenta las normas de la OPS.
   
3. Desarrollar un censo para evaluar con una herramienta cuantitativa, el nivel de conocimiento de los profesionales que actualmente manejan los pacientes infectados por VIH, con el fin de desarrollar en conjunto con las facultades de medicina, un programa de capacitación para ellos. A partir de este se deben, implementar unos criterios de calificación profesional para que se puedan manejar estos pacientes en los diferentes entes de salud.
   
4. Elaborar por parte de la ACIN y su Comité de SIDA guías de diagnóstico, seguimiento y manejo de la infección por VIH, que sean asumidas por el Ministerio de Salud, EPS y ARS. En este punto en particular se debe insistir en la validez del concepto técnico-científico de los médicos especialistas en Enfermedades Infecciosas y/o con experiencia en el tratamiento de la infección, para la determinación de conductas, así como para la selección de medicamentos
   en las diferentes instituciones.
5. Facilitar la disponibilidad de los medicamentos antiretrovirales a un costo razonable y con óptima calidad. A este respecto se destacan los siguientes puntos:
   
   El Estado debe garantizar el acceso a medicamentos antiretrovirales a todo paciente seropositivo que lo necesite, independiente de su vinculación al sistema y de su tiempo de afiliación a el.
   
   El Ministerio de Salud debe acoger las políticas de la OMS y profundizar en el estudio de las estrategias que utilizan otros países, para que se obtengan los medicamentos a bajo costo.
   
   Para Colombia, es beneficioso contar con diversas compañías productoras de medicamentos, pues ello incentiva la competencia y la disminución de costos, pero siempre y cuando, sean producidos con buenas practicas de manufactura y cumplan con los requerimientos mínimos de calidad farmacológica (biodisponibilidad y bioequivalencia.
   
   Los diferentes actores que adquieren medicamentos (EPS, ARS, IPS, etc.), deben incentivar a la industria farmacéutica, para que se someta voluntariamente a procesos de acreditación por entidades no gubernamentales, de control de calidad.
   
   El INVIMA debe vigilar los procesos de control de calidad e implementar los procedimientos de laboratorio, que se requieran para garantizar a profesionales de la salud y pacientes la calidad, de todos los medicamentos e insumos necesarios para el control de la salud.
   
   Conseguir a través de políticas estatales, un menor costo en la adquisición de medicamentos, por medio de estrategias que incluyan la disminución de aranceles, o adquisición directa por parte del gobierno de la materia prima, implementación de plantas de fabricación, tableteo y/o envase de los medicamentos. En este punto cabe considerar que se cree una bolsa o fondo de adquisición de medicamentos.
   
   Reglamentar y facilitar la adquisición de medicamentos pediátricos difíciles de adquirir en el mercado colombiano.
   
   Cuando por problemas de comercialización se dificulta la adquisición de un medicamento, el Estado debe facilitar la fabricación o importación del mismo y desarrollar mecanismos de distribución.
   
6. Las gestantes y los recién nacidos, deben tener una prioridad dentro de las políticas del Estado, no solo por la vulnerabilidad de su condición, sino por la evidencia científica que existe sobre la prevalencia de la infección, ya que con un tratamiento oportuno y adecuado se consigue la disminución de la transmisión perinatal.
   
   En este sentido se debe considerar:
   •El cumplimiento del ofrecimiento de la prueba a toda mujer embarazada.
   •El Estado y los diferentes actores, deben garantizar que toda mujer embarazada que padezca de infección por VIH, tenga acceso a los medicamentos antiretrovirales, este o no vinculada al Sistema de Seguridad Social.
   
   
7. El Gobierno Nacional debe garantizar la revisión oportuna del manual de medicamentos del POS (mínimo cada dos años); agremiaciones científicas, académicas y ONGs deben velar por que se cumpla dicha tarea, bajo criterios de racionalidad técnico – científica y costo – beneficio. Seria conveniente establecer una inclusión inmediata de los nuevos medicamentos que aparezcan, de acuerdo con un Comité en que participen miembros interdisciplinario creado para tal fin, con participación de Especialistas en Enfermedades Infecciosas y/o con experiencia en el tratamiento de la infección.
   
   En dicho proceso se debe tener en cuenta:
   • A la población pediátrica, en particular en cuanto a las presentaciones y a la inclusión de vacunas específicas para ellos y también para los adultos.
   • Incluir dentro del CUPS los exámenes necesarios para el diagnóstico y seguimiento de la infección por VIH, a costas razonables, acorde con las
   recomendaciones internacionales y de la guía de manejo aprobada.
   
   
8. Los profesionales e instituciones prestadoras de servicios de la salud y las entidades aseguradoras (EPS-ARS), deben concertar mecanismos que
   disminuyan los trámites administrativos para las solicitudes ante los CTC, a través de modelos novedosos de prestación de servicios. Los formatos de solicitud ante el CTC deben unificarse, para facilitar la gestión y la labor del médico.
9. Los profesionales e instituciones prestadoras de servicios de la salud y las entidades aseguradoras (EPS-ARS, deben concertar modelos novedosos de
   contratación y prestación de servicios, en los cuales se pacten verdaderos programas integrales de atención, que incluyan el suministro de medicamentos por el prestador (ARV y de profilaxis).
   
10. Es necesario que los profesionales de la salud, los prestadores de servicios, las ONGs, etc., profundicen en el conocimiento de los mecanismos legales y se conviertan en multiplicadores de la información, de tal manera que los pacientes puedan ejercer sus derechos.
    
11. Disminuir la incidencia de la infección por VIH y otras ITS a través de acciones de información, educación, comunicación y detección.
    
12. Implementar, fortalecer y desarrollar de manera intersectorial e interinstitucional los mecanismos ya existentes para el control de una mayor diseminación de la epidemia.
    
    Para estos dos puntos anteriores tener en cuenta:
    • Cumplir con la ley sobre educación sexual.
    • Promover la implementación de espacios curriculares para desarrollar el Plan Nacional de Educación Sexual.
    • Formar multiplicadores sobre educación sexual para capacitar a los padres, a través de las asociaciones de padres de familia.
    • Vigilar el cumplimiento de los programas de las normas de prevención educación y detección.
    • Buscar estrategias para la aplicación de programas con los actores del conflicto armado en Colombia, a fin de intervenir desde el punto de vista de salud en sus áreas de influencia.
    • Incrementar el cubrimiento de los planes de promoción a través de los medios masivos de comunicación.
    • Evaluar y divulgar la información publicitaria a todos los niveles.
    • Desarrollar una red de multiplicadores trabajando por grupo de pares.
    • Incrementar los sistemas de información y educación a personas no escolarizadas vinculando: comités de participación comunitaria, cámaras de comercio, consejos empresariales, sindicatos, cajas de compensación, etc.

    Medidas Inmediatas
    

    • Actividades de mercadeo social para promoción de sexualidad segura y de uso del condón.
      
    • Interactuar con las empresas fabricantes y comercializadoras de preservativos para la implementación de las estrategias nacionales en el uso masivo del preservativo.
      
    • Tamizaje, diagnostico precoz y búsqueda activa de contactos, priorizando inicialmente los grupos más vulnerables como: adolescentes, adultos jóvenes y la mujer, a través de consulta de citología vaginal, planificación, atención prenatal, parto y posparto.
      
    • Promover la utilización de prueba anticuerpos VIH de manera voluntaria y subsidiada.
      
    • Fortalecer la intervención educativa y de tratamiento en los programas de atención a ITS.
      
    • Promover la autotransfusión y velar por el cumplimiento de los estándares de calidad.
      
    • Implementar las campañas de donaciones altruista de sangre.
      
    • Implementar campañas en los medios de comunicación masivas, para evitar el uso de sustancias psicoactivas y alcohol.
      

    
    Medidas a Mediano Plazo
    

    • Implementar y reactivar las líneas amigas en el ámbito nacional y regional.
      

    
    Medidas Largo Plazo
    

    • Implementar de forma obligatoria en los colegios y universidades programas de educación sexual.
      
    • Implementar la ley sobre educación sexual.
      
    • Fortalecer las ONGs.
      
    • Tener en cuenta la educación escolarizada y no escolarizada.
      
    • Comités de participación comunitaria: Educación no escolarizada.
      
    • Implementar indicadores de gestión y cobertura, para conocer el impacto y evaluar.
      
    • Programas de educación sexual en las carreras a fines con la salud.
      
    • Educación en zonas de violencia (Problemas de guerrilla y para militares).
      
      
13. Como problema multicausal, denunciar que el SIDA es una epidemia grande, es una pandemia que está afectando a muchas personas en todo el país y el mundo y que la forma como está funcionando el actual sistema de salud, no permite el respeto integral al derecho a la vida en el país. Por esto, se debe revisar el Programa Nacional para Prevención y Control de VIH/SIDA para que se respete este derecho, garantice la educación de los equipos de salud y el cumplimiento de las normas sobre el derecho a la vida con calidad y dignidad.
    
14. Se debe producir una modificación de las políticas de salud del Estado colombiano sobre VIH/SIDA, de manera que incluya lo preventivo como aspecto privilegiado, sin descuidar ni excluir lo curativo y asistencial, e incluir un programa de auditoría externa a los prestadores de salud que sea eficiente.
    
15. Se debe trabajar por una percepción correcta de la enfermedad, la infección y sus consecuencias, así como porque que se entienda que la dignidad de los pacientes como personas humanas, no se pierde ni se modifica por la infección o la enfermedad. Igualmente que se garantice el derecho a morir dignamente, que tienen todo los pacientes con SIDA irreversible, certificado por personal médico y calificado.
    
16. Educar a los organismos de salud que aquellos pacientes infectados, que están privados de la libertad, que ellos perdieron el derecho constitucional a la libertad, más no a la vida y a la salud y por ende, el Estado debe propender en garantizarles un tratamiento adecuado.
    
17. El Ministerio de Salud debe retomar el control de todas las acciones de fomento, prevención, control, en suma, de un manejo integral del grave problema de Salud Pública que representan la infección VIH y el SIDA en el país.
    
18. Suprimir de los registros de notificación, todo aquello que identifique en forma individual al paciente y mantener todo lo que permita obtener información para orientar, ejecutar y/o evaluar acciones de salud. Es necesario aclarar que no se está proponiendo suprimir los registros. El concepto de confidencialidad se debe fundamentar en el respeto por el paciente, en su acompañamiento, en la noinformación, sino de aquello que deba ser conocido por la autoridad de salud, y en hacer entender al paciente que este concepto es totalmente diferente al de anonimato, que puede generar más problemas que beneficios.
    
19. Cualquier proyecto de investigación debe cumplir la legislación vigente y debe pasar por comités de ética, cuyo trabajo no termina cuando se apruebe o impruebe el proyecto, porque debe supervisar la ejecución hasta cuando finalice y se publique.
    
20. Revisar la política sobre acceso y priorización de los recursos, para investigación, de manera que se garantice justicia y equidad a los diferentes grupos y actores.
    
21. A pesar que existe normatividad nacional e internacional acerca de los deberes de los pacientes, como ser conscientes de su enfermedad y asumirla con responsabilidad, se recomienda que el Estado lidere este proceso de educación que no sólo deber ser interdisciplinario sino interinstitucional. La educación debe
    ser dirigida al paciente, equipo de salud y a la sociedad, todo el mundo tiene que ver con este problema, pero no todo el mundo lo percibe así.
    
22. El campo legislativo debe proveer a Colombia de una ley unificada, orientada a educar las actitudes y normar las conductas de toda la población en la prevención de la epidemia, y el respeto de los derechos humanos de los infectados y portadores, debe ser una responsabilidad prioritaria para este logro.
    

De la misma manera se debe impulsar y reforzar la garantía legal a través del establecimiento de criterios y lineamientos concretos para hacer efectiva esta protección, los cuales deben estar basados en la convicción de que la protección y la promoción de los derechos humanos, son necesarios para defender la dignidad inherente a las personas infectadas por VIH-SIDA y para alcanzar los objetivos de salud publica; logrando reducir la vulnerabilidad de las personas a la infección por VIH, disminuir el impacto adverso del VIH-SIDA y potenciar a los individuos para responder al VIH-SIDA.
Dentro de este contexto se hace necesario, por tanto crear una Ley Nacional de SIDA, que agrupe y determine los esfuerzos que se han hecho hasta ahora con el
Decreto 1543 de 1997 y las diferentes circulares, acuerdos, decretos y resoluciones que apoyan y regulan en alguna forma la prevención de la infección, con el fin de unificar y permitir que esta ley se aplique en todos sus aspectos.

Colombia no puede ser inferior a las acciones legislativas promovidas por otros países que han considerado la importancia de legislar y que como consecuencia
de esta pandemia amenazante, han determinado el mayor movimiento legislativo en la historia de la humanidad.

Las razones que hacen necesaria la acción legislativa se fundamentaran en:

1. El VIH /SIDA es una epidemia con niveles alarmantes de propagación, alcanzado a población de todas las edades, culturas, géneros y condiciones socioeconómicas.
   
2. Los problemas éticos, sociales, jurídicos de salud que ha generado esta epidemia requieren respuestas y controles urgentes.
   
3. Se hace necesario la prerrogativa de la ley como factor ordenador y en su función formativa, para promover cambios en comportamientos personales, dando pautas para la transformación de los valores socio culturales que reduzcan la vulnerabilidad personal y social de la enfermedad.
   

De la misma manera deberán priorizarse los derechos fundamentales de derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la autonomía, derecho a la información adecuada y oportuna, derecho a la no-discriminación, derecho a la confidencialidad y derecho a la seguridad social sin limitación de tiempo, preexistencias y exclusiones, como está determinado actualmente.

Por tanto esta ley debe ser considerada un elemento fundamental de las políticas y programas destinados a combatir la epidemia, dando como resultado el poder reducir los costos sociales y económicos de la misma, facilitando la divulgación y la prevención.

También debe ser importante garantizar el derecho de los individuos a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, como elemento indispensable para el progreso socio económico.

Igualmente debe garantizarse un acceso completo a la salud, con todo lo que conlleva esta: atención, practica de exámenes y lo que es más importante suministro de medicamentos, lo cual debe ser concomitante con las investigaciones y los avances tecnológicos.

Y por último con esto se debe de propiciar protección jurídica a las personas que viven con VIH/SIDA, descongestionar los despachos judiciales con la terminación de presentación de acciones de tutela, las cuales deben ser para estos casos de carácter excepcional y promover la educación, el autocuidado, la responsabilidad y la autonomía individual, haciéndose necesario la derogación de normas existentes que atentan contra los derechos fundamentales de las personas.